Azerbaiyán admite haber violado el derecho de reunión de activistas políticos

El gobierno de Azerbaiyán admitió haber violado los derechos de cinco activistas políticos a quienes se les impidió realizar protestas pacíficas y acordó pagarles una compensación en un acuerdo en el tribunal de derechos humanos de Europa.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) eliminó los casos de su lista después de que Bakú reconociera la violación y ofreciera pagar a cada solicitante 1.800 euros (1.500 libras esterlinas) en concepto de daños y 250 euros (210 libras esterlinas) por costas legales.

Entre los solicitantes se encuentran Saqif Qurbanov y Nuraddin Mammadli, ambos altos cargos del opositor Partido Frente Popular de Azerbaiyán (AXCP).

Otros tres activistas, Arif Azizzade, Arifa Huseynli y Dilara Miriyeva, son miembros del ahora desaparecido Partido de la Democracia y el Bienestar de Azerbaiyán (ADR).

En sus solicitudes ante el tribunal con sede en Estrasburgo, el grupo dijo que se les prohibió repetidamente celebrar manifestaciones pacíficas y que los tribunales nacionales no habían investigado sus denuncias.

Argumentaron que Azerbaiyán había violado el artículo 11, que protege el derecho a la libertad de reunión, y el artículo 13, el derecho a un recurso efectivo, del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El partido ADR cesó sus operaciones en mayo de 2024, un mes después de que su líder, el destacado economista Gubad Ibadoghlu, fuera puesto en prisión preventiva y pasara a arresto domiciliario. Ibadoghlu había sido arrestado en agosto de 2023 por cargos ampliamente criticados por los organismos de control internacionales.

Mammadli, de 80 años, se retiró de su cargo de presidente de la asamblea suprema del AXCP en octubre de 2024, citando su edad y su deterioro de salud.

Aunque el derecho a la libertad de reunión está consagrado en la Constitución de Azerbaiyán, las autoridades locales y la policía bloquean habitualmente los intentos de la oposición de celebrar manifestaciones públicas en la capital, Bakú.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos han pedido repetidamente al gobierno del presidente Ilham Aliyev que respete las libertades fundamentales. El TEDH ha emitido múltiples fallos anteriores contra Bakú por violaciones similares.