Azerbaiyán condena al activista Asaf Ahmadov a ocho años de prisión

Asaf Ahmadov

Un tribunal de Azerbaiyán condenó al activista cívico y educador Asaf Ahmadov a ocho años de prisión tras un juicio que, según denunció, tuvo motivaciones políticas.

Ahmadov, que dirige el Centro Comunitario Regional de Ganja, fue declarado culpable de lavado de dinero, abuso de poder y falsificación el miércoles en el Tribunal de Delitos Graves de Ganja.

Lleva 14 meses recluido en prisión preventiva y ha negado todas las acusaciones en su contra.

La acusación, encabezada por el fiscal estatal Ikhtiyar Shabanov, había solicitado una pena de prisión de 10 años.

En su último discurso ante el tribunal antes de que se emitiera el veredicto, Ahmadov comparó su procesamiento con juicios históricos de intelectuales, entre ellos el filósofo griego Sócrates y el escritor azerbaiyano reprimido por los soviéticos Huseyn Javid.

Los cargos contra mí son meras hipótesis ocultas detrás de la terminología legal", dijo Ahmadov al tribunal, según detalles compartidos en las redes sociales por el activista Abulfaz Gurbanli. "Aquí no hay delito. El objetivo es silenciar a quien quiere hacer algo por la sociedad civil".

Ahmadov, que también es profesor de historia, instó a los jueces a actuar con "coraje legal" y absolverlo, en lugar de obligarlo a buscar justicia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Se pueden escribir historias sobre dinero sucio, pero ninguna acusación puede bloquear mi idea de honestidad y mi pasado limpio", dijo.

Fue arrestado en abril de 2025 como parte de una represión gubernamental más amplia contra las organizaciones no gubernamentales, ampliamente conocida en Azerbaiyán como el "caso de las ONG".

Grupos de derechos locales estiman que aproximadamente 15 representantes de la sociedad civil se han enfrentado a procesos penales en el marco de la amplia investigación, que comenzó en marzo de 2025.

Otras figuras destacadas actualmente detenidas en relación con el caso son Bashir Suleymanli, director del Instituto de Derechos Civiles, y Mammad Alpay, director ejecutivo de la Alianza de Vigilancia Electoral.

Otro activista vinculado al caso, Zamin Zaki, fue condenado a siete años y medio de prisión el 11 de marzo.

El gobierno de Azerbaiyán ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de que sus procesamientos de activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil tengan motivaciones políticas, y ha sostenido que todas las personas son juzgadas estrictamente de conformidad con el derecho interno.