El juicio en Azerbaiyán de los periodistas de Abzas Media es una "burla de la justicia", según un informe

Un organismo de vigilancia legal creado por la Fundación Clooney para la Justicia condenó el encarcelamiento de siete periodistas independientes en Azerbaiyán y calificó su juicio de "burla de la justicia".

El informe de TrialWatch dijo que el procesamiento del personal del medio de investigación Abzas Media tenía como objetivo silenciar la cobertura de la corrupción estatal en lugar de abordar las irregularidades financieras.

Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron condenados a penas de prisión de entre siete y nueve años tras haber sido declarados culpables de delitos como contrabando, evasión fiscal y actividad empresarial ilegal.

Françoise Tulkens, ex vicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que supervisó el caso para TrialWatch, dijo que a los acusados ​​se les negaron garantías básicas de un juicio justo protegidas por los tratados internacionales de derechos humanos.

En un testimonio ante el tribunal citado en el informe, el economista y periodista Farid Mehralizade dijo que los investigadores lo golpearon y amenazaron mientras estaba bajo custodia.

"Si hablas demasiado, terminarás así", le dijeron los investigadores, según su declaración.

El informe concluyó que los fiscales no lograron probar la culpabilidad penal individual, y los jueces resolvieron todas las dudas procesales a favor del Estado y restringieron severamente los argumentos de la defensa.

Observó que las autoridades utilizaron fuertes acusaciones penales por cuestiones administrativas o regulatorias que, como mucho, justificaban multas civiles menores.

Entre los condenados en el caso se encuentran el fundador de Abzas Media, Ulvi Hasanli, el editor en jefe Sevinj Abbasova, los periodistas Nargiz Absalamova y Elnara Gasimova, el traductor Mahammad Kekalov, el periodista de la agencia de noticias Turan Hafiz Babali y el señor Mehralizade.

Las organizaciones de derechos humanos dicen que el caso refleja una campaña más amplia para reprimir el periodismo independiente antes de los principales eventos internacionales en el país.

Desde noviembre de 2023, más de 30 periodistas y activistas cívicos han sido detenidos en Azerbaiyán por cargos similares. Grupos locales de derechos humanos estiman que actualmente hay 328 presos políticos en los centros de detención de Azerbaiyán.

El gobierno de Azerbaiyán niega que alguien esté detenido por razones políticas o por actividad periodística profesional, y sostiene que quienes enfrentan cargos han cometido actos criminales específicos.

Grupos internacionales de derechos humanos han pedido a las autoridades de Bakú que liberen inmediatamente a todos los periodistas y presos políticos.