Las leyes de Georgia destruyen la sociedad civil independiente, advierte Human Rights Watch

Una campaña legislativa en Georgia ha restringido severamente a las organizaciones independientes y cortado fondos vitales, afirmó Human Rights Watch (HRW).

En un nuevo informe, el grupo de campaña internacional dijo que el gobierno de Tbilisi debe dejar de tratar la actividad cívica como una amenaza y derogar las medidas diseñadas para silenciar a los críticos.

El informe, titulado Georgia: Nuevas leyes están destruyendo grupos independientes de la sociedad civil, afirma que las autoridades están logrando avances alarmantes hacia el desmantelamiento de la sociedad civil independiente del país.

"Está creando un sistema en el que las organizaciones independientes ya no pueden operar de forma segura, mantener financiación o proporcionar apoyo a las comunidades que han dependido de ellas durante años", afirmó Hugh Williamson, director de HRW para Europa y Asia Central.

El informe se centra en la controvertida Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera de 2024, que exige que los grupos que reciben financiación extranjera se registren como "organizaciones que persiguen los intereses de una potencia extranjera".

Una Ley posterior sobre el Registro de Agentes Extranjeros, aprobada en abril de 2025, amplió aún más la supervisión estatal a casi todas las organizaciones e individuos que trabajan con socios internacionales.

Además, las recientes enmiendas a la Ley de Subvenciones han tipificado como delito la aceptación de financiación extranjera sin la aprobación previa del gobierno.

HRW dijo que tenía conocimiento de varios casos en los que se bloquearon subvenciones.

Entre ellos se encontraba un proyecto financiado por la embajada británica para supervisar las elecciones municipales de 2025 en Georgia, que fue criticado públicamente por la presidenta parlamentaria Shalva Papuashvili, quien acusó a la embajada de financiar "el extremismo, el odio y la propaganda".

Las restricciones han tenido un impacto devastador en los grupos regionales, y el número de organizaciones de la sociedad civil activas que operan en Georgia cayó de 114 en 2024 a solo 37 en 2025.

Un estudio inédito del Centro de Justicia Social, citado en el informe, encontró que el 96% de 100 organizaciones encuestadas estaban experimentando graves dificultades financieras, y el 94% se vio obligada a reducir sus actividades.

Organizaciones importantes, incluida la Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia, han suspendido los programas de asistencia jurídica gratuita, mientras que otras han admitido que se autocensuran.

Una activista que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad dijo a HRW que su grupo se negó a registrarse conforme a la ley de transparencia después de enterarse de que el Ministerio de Justicia les exigía revelar los datos personales y médicos de sus beneficiarios.

HRW preparó su informe entrevistando a 15 activistas, abogados y líderes de ONG georgianos, además de revisar la correspondencia oficial del gobierno de Georgia y la Oficina de Auditoría del Estado.

El grupo de campaña ha pedido a los socios internacionales de Georgia que impongan sanciones específicas y aumenten el apoyo financiero directo a las organizaciones locales independientes.