¿Salvación o venganza autoritaria? La inconclusa transformación democrática de Azerbaiyán

Akif Gurbanov

Por Akif Gurbanov

Akif Qurbanov, portavoz de la Plataforma Tercera República, actualmente detenido en el "caso Toplum TV", ha escrito un artículo sobre el Día de la Salvación Nacional. Presentamos el artículo, publicado por el Centro Khar, en su forma original:

Este artículo analiza la narrativa del Día de la "Salvación Nacional", considerado el fundamento político e ideológico del autoritario Azerbaiyán, en el contexto de los patrones globales del período de transición poscomunista. Compara las experiencias exitosas de depuración y justicia transicional de los países de Europa central y oriental con las del espacio postsoviético.

Se llama la atención sobre las consecuencias históricas de no excluir la antigua nomenclatura del sistema y de no llevar a cabo las reformas constitucionales necesarias en Azerbaiyán a principios de los años noventa. El análisis sostiene que los acontecimientos de junio de 1993 no fueron una salvación de la nación, sino más bien una venganza sistemática por parte de la élite del KGB y la nomenclatura postsoviética. Propone la necesidad de una nueva visión política basada en los principios republicanos y la voluntad colectiva de la sociedad para asegurar una transición a una democracia real en el país.

El análisis aborda el "Día Nacional de la Salvación" oficialmente celebrado en Azerbaiyán en el marco del análisis político. Su objetivo es auditar sus fundamentos ideológicos, identificar las causas reales del fracaso durante el período de transición y apoyar la futura democratización.

Además, este análisis intenta responder preguntas como: ¿Cuál es el papel de la depuración durante la transición del autoritarismo a la democracia? ¿Cuál es la diferencia institucional entre los países de Europa central y oriental y Azerbaiyán en el proceso de transición que comenzó junto con el colapso de la URSS? ¿Y cuáles fueron los errores cometidos en la era de transición en Azerbaiyán?

¿Salvación nacional o venganza por la nomenclatura?

En nuestro país el 15 de junio se celebra oficialmente el Día Nacional de la Salvación. La narrativa ideológica y política del régimen de Aliyev se construye a partir de este día. Se afirma que el 15 de junio de 1993, el Estado y el pueblo se salvaron del caos y la guerra civil, que se produjo una salvación nacional. Todo esto se atribuye únicamente a la competencia política, la capacidad, la previsión y el talento innato de un individuo. Este individuo también es considerado el constructor y fundador del Azerbaiyán moderno y se le llama el "líder nacional". Para inculcar este discurso en la opinión pública, con frecuencia se establecen paralelos con el ejemplo de Atatürk en la historia turca.

Miremos tanto los acontecimientos ocurridos hace 33 años (el motín del 4 de junio y la formalización del golpe del 15 de junio) como los procesos posteriores, para ver si el resultado fue realmente una "salvación nacional" o una venganza.

Para responder a esta pregunta, debemos observar la geografía donde los regímenes liderados por los comunistas ocuparon el poder, específicamente los países del Pacto Socialista (Pacto de Varsovia) liderados por la URSS. Al mismo tiempo, será necesario realizar un análisis comparativo de lo ocurrido en los países de Europa Central y Oriental (ECO) y las ex repúblicas soviéticas, excluyendo los tres Estados bálticos.

El derrocamiento de los regímenes comunistas en Europa central y oriental comenzó casi simultáneamente en 1989. Este proceso comenzó en Polonia: en febrero-abril, el gobierno comunista se sentó a la mesa de negociaciones con representantes de la organización opositora "Solidarność", y en junio se celebraron elecciones parlamentarias semilibres (ENRS, 2005). Ese mismo mes, en Hungría, el gobierno inició un proceso de reforma invitando a la oposición a debatir. En otoño, comenzaron protestas masivas pacíficas en Alemania Oriental, Checoslovaquia y Bulgaria. En Rumania, los cambios se produjeron de forma violenta: en diciembre de 1989, el régimen gobernante abrió fuego contra manifestantes pacíficos, dejando 1.104 muertos y 3.552 heridos. El 25 de diciembre, el presidente del país, Nicolae Ceaușescu, y su esposa, Elena, fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento tras una decisión de un tribunal militar (Edición Lumen, 2006).

En los países bálticos, la lucha por la libertad y la independencia había comenzado en 1988, y Lituania fue la primera república soviética en declarar su independencia el 11 de marzo de 1990. La victoria de la organización "Sajūdis" en las elecciones del Sóviet Supremo tuvo como resultado la adopción de una declaración de independencia y la declaración de ilegalidad de la anexión del país a la URSS.

En agosto de 1991, después del golpe de estado del "GKChP" (Comité Estatal sobre el Estado de Emergencia) en Moscú para destituir del poder al presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, Letonia y Estonia también declararon su independencia (ERR News, 2024).

La transición de un sistema totalitario a la democracia implica la protección de los derechos humanos, la garantía de las libertades, la creación de nuevas estructuras institucionales, la separación del poder estatal en tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), la división de poderes y controles mutuos, y la creación de mecanismos que aseguren cambios fundamentales en la naturaleza de las relaciones entre el Estado y la sociedad.

En algunos países de ECO se adoptó una constitución democrática; en otros, se hicieron enmiendas significativas a la constitución existente. El nuevo orden constitucional garantizó los derechos humanos y las libertades, estableció el principio de rotación del poder mediante elecciones libres y justas y definió la división funcional, el control mutuo y la limitación entre las ramas del poder. En lugar del gobierno "solitario" y la economía planificada del Partido Comunista, se establecieron instituciones de libre mercado y democracia liberal (elecciones libres, un parlamento independiente, un poder judicial independiente y fuerzas policiales y armadas abiertas a la supervisión pública). Las antiguas sociedades de "democracia popular" obtuvieron derechos y libertades civiles y políticos (libertad de expresión, reunión y asociación, derecho a participar en actividades políticas, derecho a votar y ser elegido, etc.).

La principal característica distintiva de la transformación democrática en los países de ECO fue que la élite poscomunista buscó tomar medidas concretas para desmantelar el legado represivo del régimen. Las medidas relacionadas con la justicia transicional consistieron principalmente en: garantizar el estado de derecho, crear un contrato social sobre nuevas bases, rechazar las prácticas no democráticas en el proceso de transición de un sistema autoritario o totalitario a uno democrático, superar el legado del pasado (es decir, reconocer la injusticia hacia todas las víctimas del régimen), rehabilitar a los perseguidos injustamente, proporcionar reivindicación pública y compensación material para aquellos sometidos a represión, devolver los bienes confiscados a sus propietarios (restitución) y hacer ante la justicia a quienes violaron los derechos humanos y abusaron del poder (lustración).

La depuración es una restricción y prohibición legal contra quienes ocuparon cargos en el gobierno anterior, la élite política y quienes colaboraron con ellos en diversas estructuras (sistema educativo, medios de comunicación, etc.) de ocupar cargos en el servicio público o la esfera pública. Estas medidas son de naturaleza administrativa y van desde revelar los nombres de personas asociadas con instituciones represivas y la policía secreta, hasta prohibiciones de ocupar cargos en el sector estatal, público y, a veces, incluso en el privado (Azadliq Radiosu, 2013).

En el proceso de depuración, la identificación de personas es posible principalmente abriendo los archivos del Partido Comunista y de la policía secreta.

Metas y motivos de los partidarios de la lustración

Revelar la verdad sobre el pasado y restaurar la justicia

El objetivo principal del proceso de depuración y la apertura de archivos asociados es descubrir la verdad sobre las violaciones de derechos humanos y el terrorismo de Estado. En los países de ECO, solicitar información sobre el alcance del delito y sus participantes se consideraba un requisito básico para restablecer la justicia. La lógica detrás de esto era que la rendición de cuentas está en el corazón de la democracia. La rendición de cuentas requiere y obliga a descubrir la verdad, dando a conocer el sufrimiento de las personas, el Estado y los agentes que causaron ese sufrimiento. Esto representa la formulación de nuevos principios de legitimidad.

La venganza de las fuerzas antidemocráticas y el peligro de un retorno al totalitarismo

La primera etapa de los cambios democráticos va acompañada de una grave amenaza: la probabilidad de venganza por parte de los representantes de la antigua nomenclatura y de los servicios especiales. Por lo general, están dispuestos a hacer cualquier cosa para provocar una contrarrevolución y restaurar el orden totalitario anterior. El proceso de depuración evita precisamente esto.

La "lustración salvaje" y la amenaza del chantaje

Una de las amenazas al nuevo orden es que las personas que tienen conexiones con antiguas agencias de seguridad y ocupan puestos importantes en el nuevo sistema se convierten en eslabones débiles para el chantaje. Pueden enfrentarse en cualquier momento a la amenaza de kompromat (material comprometedor) a través de archivos comprimidos, convirtiéndolos en herramientas de presión. Estas personas pueden ser utilizadas bajo la amenaza de quedar expuestas en actividades que contradicen los intereses estatales y socavan los cimientos del sistema democrático.

Este temor ralentizó el ritmo del proceso en muchos países, creando una situación denominada "lustración salvaje o incontrolada". Los datos de archivo se filtraron a los medios de comunicación de manera no regulada, se utilizaron como material comprometedor, algunos documentos fueron destruidos y otros se vendieron en el mercado negro (Kieran Williams, 2007). Por lo tanto, las medidas sistemáticas de depuración son de gran importancia para prevenir y regular un proceso caótico.

Amenazas a la seguridad nacional: aislar a antiguos colaboradores del nuevo sistema

Cuando no se lleva a cabo una regulación efectiva de los documentos de archivo, se crea el riesgo de que los archivos caigan en manos de agencias de inteligencia extranjeras, preparando el terreno para una amenaza a la seguridad nacional. Por ejemplo, a finales de 1995 y principios de 1996, el primer ministro polaco, Józef Oleksy, fue acusado de colaborar con la inteligencia soviética y rusa. El escándalo provocó su dimisión (Jan de Weydenthal, 1996).

Restauración de la antigua red de nomenclatura y fortalecimiento de su influencia económico-política

Durante la transformación del totalitarismo a la democracia, quedó claro que la antigua élite conservó su influencia en el nuevo sistema, continuó trabajando en importantes puestos estatales, se apoderó de las estructuras financieras de sectores industriales estratégicos y grandes corporaciones, y utilizó sus conexiones y recursos para obtener enormes ganancias y propiedades del proceso de privatización. Por lo tanto, tanto los representantes de la nueva élite como la población del país vieron la depuración como un proceso para desmantelar la antigua red de nomenclatura, reducir su influencia político-económica e impedir que su poder político creciera.

Defensa de la democracia

En los países donde se puso fin a los regímenes comunistas, el proceso de depuración se consideraba una herramienta para defender un sistema democrático cuyos cimientos aún eran frágiles.

La idea de defender la democracia también fue apoyada por representantes del Tribunal de Justicia Europeo. Esta institución enfatizó en sus fallos que los Estados democráticos están justificados para exigir lealtad a los principios constitucionales de los funcionarios públicos. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa también ha señalado repetidamente que un Estado basado en una constitución tiene derecho a defender una democracia emergente (Uwe Backes, 2006).

La resolución 1096, adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) en 1996, se titula "medidas para desmantelar la herencia de los antiguos sistemas totalitarios comunistas". Establece un vínculo entre la defensa del desarrollo democrático y la adopción de una legislación de depuración. También describe los criterios para las medidas que cumplen con el estado de derecho y el principio de un Estado basado en el estado de derecho (PACE, 1996).

Los partidarios de la depuración en los países de ECO abordaron el proceso como una oportunidad para la apertura y la transparencia en las instituciones públicas, así como una forma de restaurar la confianza pública. El derecho a recibir información amplia sobre los representantes del interés público fue aceptado como uno de los principales pilares de un Estado democrático. Al mismo tiempo, el objetivo no era castigar, sino restaurar la confianza de los ciudadanos en los representantes electos, porque la confianza se considera un principio fundamental en un sistema democrático.

Mecanismos de lustración y apertura de archivos

En los países de ECO, el proceso de depuración se implementó de diversas formas y fue bastante diferente entre sí en términos de exhaustividad.

Lustración dura: Alemania y la República Checa

En Alemania y la República Checa se aplicó una lustración temprana y dura. El proceso de descomunización llevado a cabo a través de estos programas se llevó a cabo de manera constante y rápida (Bundesarchiv, 2021).

Lustración suave – Polonia y Hungría

En Polonia y Hungría, donde la transición a la democracia se produjo en el contexto de compromisos logrados mediante negociaciones entre el Partido Comunista y la oposición, se optó por una depuración suave. Por lo tanto, a diferencia de Alemania y Checoslovaquia, el proceso de descomunización se llevó a cabo con menos determinación y coherencia.

Lustración sin archivos – Repúblicas bálticas

La situación en los países bálticos era diferente de la de la ECO, porque la mayoría de los archivos de la KGB habían sido trasladados de los países de la unión al centro en Moscú. Por lo tanto, se desarrollaron mecanismos especiales de selección de personal para evitar que los comunistas y las personas asociadas con servicios especiales estuvieran representados en el gobierno. En Letonia y Estonia, la antigua élite política fue eliminada gradualmente de sus palancas de influencia a través de leyes de ciudadanía (Una Bergmane, 2018).

Lustración retardada – Rumania y Eslovaquia

En Rumania, después de Ceaușescu, y en Eslovaquia, después de la disolución de Checoslovaquia, las fuerzas políticas que llegaron al poder estaban formadas por políticos que se oponían al proceso de descomunización. Por lo tanto, las medidas de justicia transicional en estos dos países fueron adoptadas por la oposición que llegó al poder a finales de los años 1990 y principios de los 2000.

La experiencia de Rusia y otras repúblicas soviéticas

En Rusia, se rechazó la depuración. A diferencia de los países de ECO, rara vez se exigió justicia de transición durante el período postsoviético. Aunque el presidente Yeltsin emitió decretos suspendiendo las actividades del Partido Comunista y transfiriendo sus propiedades al Estado (Soviethistory, 1991), inmediatamente prometió que ningún comunista sería perseguido en Rusia. Señaló repetidamente que la administración del país está en manos de profesionales. Al abandonar la depuración, en realidad se protegió a sí mismo y a su círculo más cercano. Esto se debió a que él mismo había sido Primer Secretario de la provincia de Sverdlovsk durante más de diez años. Las medidas restrictivas que se aplicarían a la antigua élite del partido también tendrían que aplicarse a él.

En cuanto al parlamento, el Sóviet Supremo y el Congreso de los Diputados del Pueblo, elegidos el 4 de marzo de 1990 (antes de la disolución de la URSS), mantuvieron su existencia. Por lo tanto, no había posibilidad de apoyar ninguna iniciativa legislativa sobre medidas para limpiar el campo de la antigua élite. Aunque cientos de miles de personas salieron a las calles en 1991 para protestar contra el evento del GKChP con el lema "¡Abajo el PCUS!" (¡Doloy KPSS!), no se celebraron elecciones parlamentarias libres ni después de ese acontecimiento ni después de la disolución de jure de la URSS en diciembre. Esto era extremadamente necesario para una transición democrática, y su fracaso tuvo un impacto negativo en la vida sociopolítica de Rusia, sentando las bases para una crisis de doble poder en el país. El enfrentamiento entre Yeltsin y el Sóviet Supremo desembocó en el bombardeo del edificio del Parlamento en el otoño de 1993, lo que posteriormente puso fin al proyecto de reformas de Rusia.

La raíz del problema surgió de la constitución de la URSS adoptada en 1978. Según este documento, que permaneció en vigor hasta el colapso de la URSS, el verdadero centro de poder en el país era el Congreso de los Diputados del Pueblo. Los estudiosos de la transición Juan Linz y Alfred Stepan señalan que si se hubieran celebrado elecciones en todos los niveles en el otoño de 1991, habría ganado el movimiento "Rusia Democrática" que apoyaba a Yeltsin y a aquellos unidos en torno a él (Juan J. Linz y Alfred Stepan, 1996). Esto habría proporcionado una base sólida para reformas radicales del mercado. El presidente habría recibido un serio apoyo del poder legislativo para dar forma a las reformas democráticas. Durante ese período, la popularidad de Yeltsin era realmente alta y habría sido suficiente para ganar unas elecciones. Sin embargo, en lugar de iniciar reformas en esta dirección, tomó poderes adicionales del congreso para implementar reformas económicas. Con esta decisión, Yeltsin puso en peligro no sólo el proyecto económico poscomunista sino también reformas económicas liberales cruciales debido a su incapacidad para formar el entorno institucional necesario. Al hacerlo, también impidió el desarrollo del parlamentarismo (Kharcenter, 2025).

Otro obstáculo para la implementación de medidas de justicia transicional en Rusia fue la ausencia de fuerzas públicas que apoyaran tales llamados. Entre los representantes del público liberal, incluidos los ex disidentes, predominaba la idea de que la depuración era peligrosa e innecesaria. Había una opinión pública que se oponía a tener en cuenta el pasado, calificándolo de "caza de brujas". En la dirección de la sociedad civil, incluido el "Memorial", dominó la idea de llamar a la depuración un "acto de venganza", "Gran Terror" o "Terror Rojo" y compararla con las represiones de la era bolchevique. Otra opinión común sobre la inutilidad de la legislación sobre depuración en Rusia fue que supuestamente era imposible separar a los perpetradores de las víctimas en la sociedad soviética.

A pesar de todo esto, aunque constituían una minoría absoluta, en la Rusia postsoviética también había partidarios de la depuración. Por ejemplo, Boris Pustintsev, jefe de la organización de San Petersburgo "Control Ciudadano", apoyó abiertamente esta idea. A principios de 1993, Galina Starovoytova, copresidenta del movimiento "Rusia Democrática" y diputada del pueblo, presentó al Soviet Supremo un proyecto de ley federal "Sobre la prohibición temporal de las actividades profesionales de las personas que implementaron la política del régimen totalitario". Sin embargo, ni la mayoría parlamentaria de "Rusia Democrática" ni otros diputados apoyaron el proyecto de ley. Starovoytova, que volvió a presentar el documento a la Duma estatal en 1997, se enfrentó a la misma situación. El 20 de noviembre de 1998 fue asesinada y su proyecto de ley quedó como iniciativa única (Journal of Democracy, 1999).

En agosto de 1991, Yeltsin firmó un decreto sobre la transferencia de los archivos del Partido y de la KGB al Estado. Se creó una comisión especial a este respecto y se nombró presidente al coronel general Dmitry Volkogonov, que había trabajado como jefe de la administración política de la Armada. Esa comisión funcionó durante dos años, pero su actividad fue prácticamente ineficaz. Amy Knight, que investigó las actividades de los servicios especiales soviéticos, escribió en el otoño de 1993: "Aunque la KGB fue disuelta a finales de 1991, el aparato de seguridad estatal creado en su lugar mostró un gran interés en conservar los archivos e hizo todo lo posible para evitar que esos documentos fueran desclasificados. Al mismo tiempo, el propio Yeltsin no hizo ningún esfuerzo para implementar su decreto. El presidente ruso se distanció completamente de la resolución de esta cuestión" (Amy Knight, 1993).

En abril de 1992 se adoptó la Ley "sobre actividades de búsqueda operativa". El 5 de julio de 1995 la Duma del Estado aprobó este documento en una nueva edición. La información sobre las operaciones, las actividades de las agencias y los nombres de las personas que colaboran con las agencias fue declarada "secreto de estado". Este se convirtió en el obstáculo más serio para trabajar con datos de archivo. En noviembre de 1991, Yeltsin firmó la Ley "sobre la rehabilitación de las víctimas de represiones políticas". Sin embargo, esto también quedó en el papel. Como resultado, se produjo lo que Galina Starovoytova había advertido a principios de 1993 sobre la venganza de la nomenclatura. Al final, el poder cayó en manos de Putin y otros representantes de las estructuras de seguridad.

Los ejemplos de Georgia y Ucrania

En años posteriores, Georgia, que inició su proceso de democratización, dio pasos en esta dirección, aunque con bastante retraso. En 2011, el parlamento adoptó por unanimidad una ley denominada "Carta de la Libertad". A los empleados de las agencias de seguridad de la URSS y a los funcionarios del Partido Comunista y de las organizaciones Komsomol se les prohibió ser elegidos o ocupar cargos en órganos estatales. Estas prohibiciones también se aplicaron al sistema de educación superior, al sistema judicial y a los liderazgos de la televisión pública (OSVV, 2011).

Durante el período de transición después de que Viktor Yanukovych fuera derrocado como resultado de los acontecimientos del Euromaidan, el proceso de depuración también comenzó en Ucrania. No se había hecho nada en esta dirección durante la anterior era Yushchenko.

En abril de 2014, la Verkhovna Rada adoptó la Ley "Sobre el restablecimiento de la confianza en el poder judicial de Ucrania" (RADA, 2014). En este proceso, considerado una depuración de los jueces, el objetivo principal era evaluar las decisiones judiciales, la legislación ucraniana en materia de derechos humanos y su cumplimiento de las normas internacionales. En octubre de ese año se adoptó la Ley "Sobre la Depuración del Gobierno" (RADA, 2014). Ucrania abordó este tema como la consolidación de la sociedad y la eliminación de las consecuencias negativas asociadas con las actividades del anterior régimen autoritario. Esa ley tenía como objetivo restaurar la confianza en el gobierno y crear condiciones apropiadas para construir un sistema de organismos estatales que cumplieran con los estándares europeos, prohibiendo a los ex funcionarios y sus partidarios trabajar en el sector público y el autogobierno local durante 10 años. Esta prohibición se aplicó tanto a quienes trabajaron en la era soviética como a las personas que ocuparon cargos en la administración de Yanukovich en 2010-2014, así como a quienes violaron los derechos humanos y las libertades durante los acontecimientos de Maidan.

El resultado de ese proceso de depuración se vio en febrero de 2022: la unidad del gobierno, el ejército y el pueblo de Ucrania contra la invasión rusa. Rusia no pudo crear una división en el liderazgo político y las instituciones estatales de Ucrania porque se había llevado a cabo una purga seria. Sin embargo, en la impotencia de Ucrania ante la anexión de Crimea en 2014 y los acontecimientos de Donetsk y Luhansk, este mismo factor jugó un papel importante. De la misma manera, el hecho de que "Berkut" abriera fuego contra personas pacíficas en Maidan también estaba relacionado con la nomenclatura anterior.

La experiencia azerbaiyana

Desgraciadamente, en Azerbaiyán no se llevó a cabo un proceso de depuración sistemático regulado por ley como sí ocurrió en los países de Europa central y oriental. En 1992-1993, durante el reinado del Frente Popular de Azerbaiyán (AXC), solo hubo destellos de lustración en una peculiar "experiencia azerbaiyana" (o ejemplo de fracaso), que no adquirió un carácter sistemático y se produjo solo a nivel de declaraciones políticas ocasionales, discusiones cerradas y cambios caóticos de personal (Audrey L. Altstadt, 2017).

La razón de esto fue que no se celebraron nuevas elecciones parlamentarias en el país y el órgano legislativo que toma las decisiones (el Milli Majlis) era una facción del "Consejo Nacional" de 50 miembros donde la proporción de fuerzas era igual (25/25) entre la nomenclatura postsoviética y los miembros del Frente Popular. Los representantes de la élite comunista bloquearon por todos los medios la idea de la depuración, ya que habría significado su suicidio político.

En 1992, cuando el AXC llegó al poder, uno de los mayores temas de discusión fue la apertura de los antiguos archivos de la KGB. Había una seria demanda en la sociedad de saber quién era un agente y quién un traidor.

Sin embargo, la dirección del AXC (especialmente las figuras clave) se opuso a la apertura de los archivos. Según su argumento, durante la guerra en Karabaj, la apertura de los archivos podría dividir a la sociedad desde dentro y conducir a una guerra civil. Esto se debió a que la red de informantes incluía un gran número de intelectuales, figuras religiosas y personalidades políticas de renombre. Mantener los archivos cerrados significaba efectivamente rechazar la depuración desde su fundación.

La política de "reconciliación nacional" de Elchibey

El presidente Abulfaz Elchibey estaba por naturaleza en contra de los métodos represivos y radicales. En lugar de declarar a la élite poscomunista un enemigo declarado, trató de involucrarla en la construcción del nuevo Estado independiente. En ese momento, Elchibey eligió la fórmula de "olvidar el pasado y mirar hacia el futuro" en lugar de castigarlos, lo que provocó que la palabra "lustración" ni siquiera se mencionara en los documentos oficiales.

Por tanto, la experiencia de Azerbaiyán de 1992-1993 es una "experiencia de no depuración". Debido a que la vieja élite no estaba legalmente excluida del sistema, durante la crisis de junio de 1993, esa nomenclatura y red de servicios especiales se consolidaron fácilmente, tomaron nuevamente el poder y aseguraron su venganza política.

En su libro La tercera ola: democratización a finales del siglo XX, el politólogo Samuel Huntington señala que la decisión de ilustrar está relacionada con el tipo de sociedad en transición a la democracia; Señala que el papel principal en este proceso lo desempeñan la antigua élite y la oposición. El investigador identifica tres tipos de países basándose en los roles de los grupos gobernantes y de oposición en el proceso de democratización (Samuel Huntington, 1991):

Transformación: la élite gobernante toma la iniciativa de construir la democracia y posteriormente implementa la transformación del régimen (ejemplos de Hungría y Bulgaria).

Reemplazo: en los países donde los grupos de oposición toman el poder, el régimen autoritario colapsa o es derrocado, lo que resulta en un reemplazo (ejemplos de Alemania Oriental y Rumania).

Transplazamiento: la democratización se produce como resultado de la acción conjunta del gobierno y los grupos de oposición (ejemplos de Polonia y Checoslovaquia).

Según Huntington, las medidas de justicia transicional son posibles en aquellos países donde se produce el reemplazo en la administración política. Es decir, la antigua élite es destituida del poder en contra de su voluntad. En otros casos, los antiguos dirigentes comunistas iniciaron ellos mismos el proceso de reforma o entablaron negociaciones con la oposición, adquiriendo una tendencia a "perdonar y olvidar".

Otra investigadora, Helga Welsh, enfatiza que el éxito o el fracaso de las medidas de justicia transicional depende de los políticos, es decir, de la distribución de las fuerzas políticas en el campo en el período poscomunista. La cuestión clave es: ¿pueden permanecer en el poder los representantes de la antigua élite y los sucesores políticos del partido comunista? Cuanto más débil sea la fuerza electoral de los ex comunistas, más rápido se acelerará el proceso de descomunización. Por ejemplo, en Hungría (1994–98, 2002–2010), Lituania (1992–96), Polonia (1993–97) y Rumania (1990–96, 2000–2004), excomunistas estuvieron presentes en los gobiernos que iniciaron las reformas. Pudieron oponerse con éxito al proceso de descomunización (Helga A. Welsh, 1996).

El investigador John Moran interpreta la cuestión utilizando la terminología de Albert Hirschman, destacando que lo importante en el período poscomunista son los factores de "voz" (protesta) y "salida" (emigración) en relación con las medidas de ajuste de cuentas con el pasado. Según su lógica, en países donde el régimen comunista adoptó un enfoque relativamente liberal de los procesos, permitió protestas y dejó oportunidades de salida al extranjero, la probabilidad de adoptar medidas suaves en materia de justicia transicional era alta (Polonia, Hungría). Donde esto no estaba permitido (Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental), se exigió con mayor dureza la adopción de medidas de ajuste de cuentas con el pasado (John Moran, 1994).

Lavinia Stan, en su investigación sobre Europa del Este y la ex Unión Soviética, enfatiza que si un país fue gobernado mediante severidad ideológica y represión bajo el régimen comunista, las medidas de justicia transicional son más radicales (República Checa, Alemania del Este, Estonia, Letonia, Lituania). En los países donde se permitió la cooperación y ciertas reformas (Polonia, Hungría), el proceso transcurre relativamente suavemente. Por otro lado, en países donde la oposición es muy débil se observa muy poco impulso para la implementación de la justicia transicional (Lavinia Stan, 2009).

Nadia Nedelsky, que investigó los procesos en la República Checa y Eslovaquia, identifica una correlación entre el nivel de legitimidad del sistema comunista y las medidas de justicia transicional: "Cuanto mayor sea la legitimidad del régimen anterior en la sociedad, menor será la motivación de la comunidad para lograr justicia en relación con el gobierno. Esto significa que la sociedad permitirá que la antigua élite regrese a la escena política. Durante el período de transición, no estará particularmente inclinada a lograr justicia al respecto" (Nadia Nedelsky, 2004).

El análisis de la transformación poscomunista muestra que la adopción e implementación de medidas de justicia transicional dictan la existencia de al menos dos factores: primero, la existencia de instituciones democráticas funcionales y la garantía de la rotación del poder a través de elecciones libres y justas; en segundo lugar, la existencia de una fuerza política influyente: el surgimiento de una contraélite y de políticos que apoyan la depuración, logrando la consolidación de un número suficiente para adoptar la ley correspondiente.

Como se desprende de la experiencia de Rusia y otros países postsoviéticos, incluido Azerbaiyán, el único factor no es que la rotación del poder no se produjera mediante elecciones. En estos países simplemente no han surgido fuerzas políticas interesadas en medidas de justicia transicional.

La investigación científica y política sobre estas medidas muestra que los efectos de la depuración en la consolidación democrática de la sociedad y la confianza en las instituciones gubernamentales son significativos. Como continuación lógica de esto, podemos decir que cuanto más exhaustiva sea la depuración y más duras las sanciones políticas, mayor será el nivel de democracia.

Aunque han pasado 35 años desde el colapso del sistema postsoviético, la tolerancia hacia las instituciones represivas del régimen totalitario y la falta de restricciones de personal en cuanto a la participación en crímenes en nuestro país, Rusia y otras repúblicas (excluida Armenia) sirvieron gradualmente para restaurar las prácticas violentas de la era soviética. El rechazo de la depuración y otras medidas resultó en que una parte significativa del poder y la propiedad permaneciera en manos de la nomenclatura anterior.

En el contexto de la exitosa experiencia de democratización de los países de ECO, la experiencia negativa de Azerbaiyán y otros países postsoviéticos muestra claramente que sin reformas institucionales serias, sin abrir completamente los archivos de los burócratas del régimen anterior y sin otras medidas de justicia transicional, una transición a la democracia desde el totalitarismo y el autoritarismo es difícilmente posible.

Como señalé anteriormente, en nuestro país, que obtuvo su independencia en 1991, no se creó una garantía para la rotación del poder a través de elecciones democráticas ni se formaron instituciones democráticas funcionales. Aunque existía una fuerza política influyente (el AXC) y una contraélite, no surgieron políticos que apoyaran la depuración y ni siquiera se mostraron suficientes intentos de consolidación para adoptar la ley correspondiente.

Después de las elecciones al Sóviet Supremo de 1990, la mayoría pertenecía a los comunistas. Aunque el Consejo Nacional ("Demblok"), de 50 miembros, era una fuerza con poder para influir en las decisiones políticas, no era lo suficientemente fuerte como para aprobar decisiones sobre medidas de depuración en el parlamento, o ni siquiera ellos mismos tenían esa idea. El equipo de Ayaz Mutallibov, ex primer secretario declarado presidente en 1991, también formaba parte de la vieja élite. El equipo de Elchibey, que llegó al poder en 1992, tampoco pudo limpiar a la antigua élite o lo consideró arriesgado. No pudieron destituirlos de altos cargos, ni abrir los archivos, ni disolver el Sóviet Supremo y celebrar nuevas elecciones parlamentarias durante el período en que Elchibey gozaba de un alto índice de aprobación. Ni siquiera pudieron tomar medidas para reformas constitucionales. Estoy describiendo aquí la situación actual sin tocar las razones objetivas (la guerra de Karabaj) y subjetivas (sus visiones, deseos).

Como resultado, el gobierno de Elchibey enfrentó una venganza comunista (que es una de las principales amenazas en la transición a la democracia) y, como era de esperar, los preparativos para esta venganza comenzaron con el establecimiento del YAP (Partido Nuevo Azerbaiyán) en 1992, creado por Heydar Aliyev—un general de la KGB que había sido miembro del Politburó del Partido Comunista de la URSS—por iniciativa de los "91" de la antigua élite. En el motín de junio de 1993, la unidad militar dirigida por Surat Huseynov creó una crisis de gobierno en el país. En consecuencia, representados por Aliyev y Huseynov, el antiguo partido comunista, la KGB y la élite del GRU se consolidaron y "tomaron" primero el liderazgo del parlamento (donde su apoyo legítimo era fuerte), y luego todo el poder.

El hecho de que la administración –que tenía la primera y única oportunidad para la transición a la democracia– no hiciera ningún trabajo relacionado con la justicia transicional concentró el poder y la riqueza en manos de la antigua élite. Posteriormente, en 2003, pasó de padre a hijo mediante sucesión hereditaria. Los miembros del Komsomol comenzaron a reemplazar a la élite del partido comunista.

Como resultado de esto, no se produjo la transición del totalitarismo a la democracia. Por el contrario, el autoritarismo se hizo aún más fuerte y se formó de facto un régimen "unipersonal". Este régimen continúa las actividades de sus predecesores simplemente bajo un nuevo nombre y forma, pero con los mismos métodos esenciales.

Por tanto, este proceso no es una salvación nacional. Llamarlo una "venganza" del antiguo régimen represivo y de la élite comunista es correcto desde cualquier perspectiva.

El fracaso en completar la transición a la democracia durante la administración de Elchibey y el regreso de los ex comunistas al poder [crearon] una [percepción/actitud] negativa hacia la democratización en la opinión pública...